domingo, marzo 3, 2024
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Las actas policiales sobre muertes en residencias durante la pandemia golpean al Gobierno de Madrid

Recogen el abandono institucional que sufrieron estos centros, donde fallecieron más de 7.000 mayores en los dos primeros meses de la emergencia sanitaria por covid-19.

El abandono institucional que sufrieron las residencias de ancianos en la capital española no son solo una denuncia, sino que ahora constan en las actas que levantaron los agentes de la policía municipal de Madrid durante los meses más duros de la pandemia de coronavirus, en 2020.

Se trata de unos documentos que han publicado varios medios de comunicación, a pesar de los intentos del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid para evitar que salgan a la luz, incluso recurriendo a los tribunales.

Entre marzo y abril de ese año, 7.291 residentes en estos centros fallecieron. Se trató del 77 % de todas las muertes que se produjeron en la región madrileña durante esos dos meses.

El Gobierno regional acude a los tribunales

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por la conservadora Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), acudió a los tribunales para evitar que esas actas se hicieran públicas.

No obstante, la información salió a la luz por exigencia del Consejo de Transparencia, que dio la razón a la petición de un ciudadano que las había solicitado formalmente, entendiendo que debían ser públicas.

Sin embargo, en enero de este año, el Ejecutivo de Díaz Ayuso interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para no implementar la orden del Consejo de Transparencia. El argumento era que los documentos contenían datos de carácter personal y que no había posibilidad de unificar los textos digitalizados con los elaborados a mano, según revela Cadena Ser.

Las actas solicitadas son alrededor de 1.000 informes que relatan la situación vivida en las residencias de toda la región durante esa grave crisis sanitaria. Medios locales han publicado unas 205, que están firmadas por agentes de la policía local.

Hasta ahora se conocían algunas de ellas, publicadas de manera aislada, pero por primera vez se tiene acceso al contenido íntegro de todos los informes policiales de la capital.

Los ‘protocolos de la vergüenza’

Las actas evidencian la existencia de lo que se conoce como los ‘protocolos de la vergüenza’, unas directrices decretadas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que prohibían el traslado a los hospitales de los residentes enfermos de covid-19, en un momento en que las residencias no estaban medicalizadas.

El resultado, según han denunciado los familiares de los fallecidos y hasta el propio consejero de Políticas Sociales del Gobierno madrileño por aquel entonces, Alberto Reyero, fue una mortalidad más elevada que en el resto de regiones españolas. Fueron muertes en soledad y mayoritariamente sin atención médica.

Reyero dimitió en octubre de 2020, el mismo mes que lo hizo la gerente de Atención Primaria, Marta Sánchez Celaya, y la directora de la Gerencia Asistencial de Hospitales, Bárbara Fernández. En mayo ya había renunciado, también por discrepancias en la gestión de la pandemia, la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes.

En la Comunidad de Madrid, la mortalidad de las personas mayores con coronavirus, que no fueron trasladadas a un hospital tras contagiarse, fue de un 41 %. En el resto de regiones la cifra osciló entre el 8 y el 26 %, según un estudio publicado en junio de 2022 en la revista Epidemiología.

Durante esas primeras semanas nadie podía entrar en las residencias, que se convirtieron en un lugar donde personas mayores murieron sin la visita de sus allegados, sin personal médico y con las plantillas mermadas por los contagios.

Los informes dejan constancia de que la mayoría de los fallecimientos de los residentes se produjo en los propios centros. De hecho, apenas una pequeña parte de los adultos fueron derivados a hospitales.

Problemas funerarios, falta de protección y personal agotado

Los textos desvelados constatan los problemas que muchas residencias tuvieron para que los servicios funerarios se hicieran cargo de las personas mayores que fallecían en sus instalaciones, donde permanecían varios días tras el deceso.

En otros informes, como el 30 de marzo en la residencia Geriatel, los agentes describían que las zonas comunes se encontraban en uso y que había «unas 18 personas con trastornos cognitivos deambulando sin control». 

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La mayoría de los centros sufrían los mismos problemas, sobre todo la falta de equipos de protección y de pruebas para diagnosticar el covid-19. En muchas residencias ni siquiera se separaban a los residentes contagiados del resto.

Además del material médico, también se necesitaban mayores recursos humanos. En esa línea, los documentos constatan la solicitud a la Comunidad de personal sanitario, una petición que no obtuvo respuesta.

La falta de envío de personal de refuerzo, aunado a las bajas por contagios, provocaron que los trabajadores restantes doblaban turnos y estuvieran semanas sin un solo día libre, mientras luchaban agotados contra los estragos de la pandemia.

Reacciones de la oposición

Desde la oposición, la portavoz del grupo municipal Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, se hizo eco de las actas de la policía y destacó algunas de sus frases: «Si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos«, citó.

Además, Maestre recordó: «En aquellas semanas en que Ayuso se alojaba en un apartamento de lujo o su hermano cobraba una comisión de 283.000 euros por un contrato concedido a dedo por su Gobierno, el personal de las residencias ponía su vida en riesgo cuidando a nuestros mayores sin medios suficientes».

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